La CNTE arremete contra el “congreso espurio” de Juan Díaz de la Torre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cumplió con su advertencia de movilización nacional en repudio al Séptimo Congreso Nacional Extraordinario del SNTE, encuentro al que calificó de “espurio” y en el que se perfila la reelección de Juan Díaz de la Torre al frente del magisterio.

Esta mañana se registraron movilizaciones de la disidencia magisterial en al menos seis entidades del país, entre ellas Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco y la Ciudad de México, como parte de la nueva jornada de lucha de la CNTE y en contra del Congreso Nacional del sindicato.

En la capital, unos 500 maestros marcharon desde las oficinas del SNTE, ubicadas en el Centro Histórico de la ciudad, rumbo a la Secretaría de Gobernación, con el fin de exigir al titular de la Segob, Alfonso Navarrete Prida, la reinstalación de las mesas de diálogo con la Coordinadora.

Los profesores se encontraron con un muro metálico y el impedimento de ingresar a la dependencia, razón por la que intentaron derrumbar, sin éxito, la valla metálica.

En la marcha, el secretario de la sección 18 de Michoacán, Víctor Manuel Zavala, aseguró que el Congreso del SNTE que se tenía planeado celebrar en tres días culminaría sólo en uno.

“En un día lo van a sacar, eso no lo desconocemos, lo han hecho siempre como charros, pues siempre hacen acuerdos de cúpula y jamás toman en cuenta a la base en general”, refirió.

Por su parte, el secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, Enrique Enríquez, insistió en que tanto la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo como Díaz de la Torre, han “masacrado” y vendido todos los derechos laborales del gremio.

“Que no nos vengan con el reposicionamiento de Elba Esther, es mentira, es una búsqueda intercharra”, repudió.

Al final del mitin, el secretario general de la sección 22 de Oaxaca, Eloy López, advirtió que la disidencia “está calentando los motores para una huelga nacional.

“Será una huelga y no sólo estará el magisterio mexicano, estarán las organizaciones sociales, padres de familia y sectores como el de salud”.

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La CNTE arremete contra el “congreso espurio” de Juan Díaz de la Torre

Vecinos de Ocoyoacac protestan contra la construcción del Tren Interurbano; denuncian ecocidio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alrededor de dos mil pobladores de Ocoyoacac, Estado de México, marcharon este lunes desde la zona de La Marquesa hasta las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos, para denunciar el ecocidio cometido por las autoridades federales con la construcción del Tren Interurbano que correrá de Observatorio a la capital mexiquense.

La caminata fue larga e infructuosa. Los manifestantes no lograron su objetivo de llegar a Los Pinos porque elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina colocaron vallas metálicas a la altura de Chivatito para impedirles el paso.

Según los inconformes, las obras para el Tren Interurbano México-Toluca afectan los manantiales de la región, que abastecen aproximadamente a 10 mil personas.

Los habitantes de Ocoyoacac caminaron desde la zona de La Marquesa sobre la carretera México-Toluca, sin que se reportaran incidentes.

Durante la marcha, la Policía Federal alertó en su cuenta de Twitter: “#Edomex. Circule con precaución traslado de habitantes km 34 Ctra. 1680 México/Ent-Constituyentes Toluca-Lerma, Tramo Toluca-La Marquesa. Atienda Indicación vial. #PFContigo”.

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Vecinos de Ocoyoacac protestan contra la construcción del Tren Interurbano; denuncian ecocidio

La Corte debe declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, coinciden en la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Investigadores de la UNAM y legisladores de diferentes partidos concluyeron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe resolver como anticonstitucional la Ley de Seguridad Interior (LSI) por considerarla violatoria de los derechos humanos.

En el seminario “Ley de Seguridad Interior” en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), personalidades como Pedro Salazar, director del mismo; John Ackerman, académico y articulista; Alejandro Encinas, senador independiente; Marcela Torres y Angélica de la Peña, senadoras del PAN y PRD, respectivamente; reflexionaron en torno a la ley que se aprobó a finales de diciembre del año pasado, pese a las movilizaciones sociales en contra.

Los ponentes coincidieron en tres puntos sobre dicha legislación: es violatoria de los derechos humanos, legaliza la militarización del país en favor de naciones extranjeras y presenta serias “inconsistencias” jurídicas.

En su participación en el auditorio “Héctor Fix-Zamudio”, el director del IIJ indicó que la ley abona en el terreno de un Estado autoritario de Derecho. Argumentó que el principal temor respecto a la nueva legislación es que se abandone la ruta de las instituciones civiles de procuración de justicia y se consolide la política de la militarización.

La senadora panista Marcela Torres Peimbert sentenció que la intervención militar ha tenido “escasos resultados” en materia de seguridad. Subrayó que, contrariamente, han aumentado las violaciones a los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, detenciones arbitrarias, ejecuciones, desapariciones, tortura, trata de personas, desplazamiento forzado y abuso de migrantes.

El senador del PT-Morena, Manuel Bartlett Díaz, consideró que LSI forma parte de una estratega de Estados Unidos en México, pues “la única forma de mantener la seguridad de sus empresas es la militarización de México y que la policía sea la Marina o las fuerzas armadas, por lo que es necesario quitar a los policías municipales sus armas”.

Como parte de las conclusiones, los participantes insistieron en que el máximo órgano de procuración de justicia de México debe anular la ley.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar inconstitucional esta ley. De lo contrario, será evidente que dicho órgano actúa en favor del Ejecutivo y no de la población en general”, coincidieron.

A la fecha, se han presentado ocho controversias constitucionales contra la LSI, cuya resolución está pendiente en la Corte.

 

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La Corte debe declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, coinciden en la UNAM

Denuncian a embajada de Canadá en México por irregularidades que derivaron en homicidio de activista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Activistas y familiares del defensor de la tierra, Mariano Abarca Roblero, asesinado en noviembre de 2009, interpusieron una queja ante el comisionado para la Integralidad de la Administración Pública de Canadá (CIAPC, por sus siglas en inglés), al considerar que la embajada de ese país en México incurrió en irregularidades que derivaron en el crimen del ambientalista originario de Chicomuselo, Chiapas.

En conferencia de prensa, José Luis Abarca Montejo, hijo del defensor, informó que el pasado lunes 5 presentaron la queja administrativa en Canadá, lo que se suma a una solicitud de intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interpuesta en junio de 2017, ante la impunidad en la que hasta ahora se encuentra el homicidio.

También exigieron que se investigue a la embajada de Canadá en México, porque aun sabiendo de los riesgos que corría el líder del movimiento antiminero, “nunca escuchó sus quejas hasta que fue acribillado por pistoleros ligados a la minera Blackfire Corporation.

Según el denunciante, durante su estancia en Canadá, la delegación asistió a reuniones y eventos en Ottawa, Montreal y Toronto para entregar la denuncia administrativa ante el CIAPC y evidenciar el acto frente a otras instancias gubernamentales, así como con legisladores, medios de comunicación, y representantes de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.

Acompañado de representantes de las organizaciones sociales Otros Mundos. Amigos de la Tierra, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la Fundación Ambientalista Mariano Abarca, Mining Watch de Canadá y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, el hijo del activista recordó que desde 2008 su padre y otros luchadores sociales de Chicomuselo emprendieron una lucha contra la minera canadiense Blakcfire, responsable de contaminar el agua y la tierra por la explotación de barita.

Ello, agregó, le valió amenazas, ataques a su integridad, encarcelamiento por acusaciones falsas “interpuestas por un representante de la empresa” canadiense en agosto de 2009 y posteriormente, su asesinato el 27 de noviembre de 2009.

Abarca Montejo narró que durante todo el tiempo que Blackfire operaba en Chicomuselo, la embajada tuvo un conocimiento significativo del descontento de la población local con la empresa, así como información sobre su padre y los riesgos que enfrentaba.

“Esto lo sabemos por documentación obtenida bajo la Ley de Transparencia en Canadá. Además, semanas antes de su detención, mi padre acudió a la embajada canadiense para enterar a los funcionarios sobre la problemática, alertándoles que trabajadores de la mina estaban amenazándole a él y a otros defensores de derechos humanos”, agregó.

Además, destacó que, durante su detención, la embajada recibió mil 400 correos de toda América que expresaban preocupación por la vida de su padre. Sin embargo, aseguró que la embajada no sólo fue omisa ante los testimonios de su padre y de quienes exigían su protección, sino que realizó gestiones para defender los intereses de la empresa. Entre ellas, el abogar con las autoridades de Chiapas para que controlara las protestas sociales semanas antes de su muerte.

Abarca Montejo explicó que el recurso que interpuso en días pasado se fundamenta en una presunta violación al código de conducta de la embajada, al actuar “en favor de la minera Blackfire, y contra las protestas comunitarias”, lo que “constituyó una acción que creo un ‘peligro específico’ para la vida y seguridad” de su padre.

“Diplomacia económica”

La denuncia ante el CIAPC plantea que, en el afán de la embajada de promover y proteger los intereses de la empresa, hubo una sobre limitación a las políticas de respeto a derechos humanos y responsabilidad social que la embajada debió atender.

La queja está basada en la comunicación que, de 2007 a 2010, mantuvo la embajada canadiense con representantes de la minera en México, información obtenida por los denunciantes a partir de la ley de acceso a la información de Canadá.

Jen Moore, de Mining Watch, explicó que dicha documentación fue obtenida después de año y medio de interponer solicitudes de información, de la que se puede demostrar la participación activa de la embajada a favor de Blackfire. Por ejemplo, la mediación para la obtención de permisos para el uso de explosivos en Chicomuselo, para aconsejar a la empresa en una demanda contra el gobierno de Chiapas, así como para pedir su colaboración para atender la protesta social contra la empresa.

“La actuación de la embajada de Canadá en México, es muy similar a lo que ocurre en otros países donde las mineras canadienses tienen intereses. Y eso tiene un nombre, se le llama Diplomacia Económica”, dijo Moore.

Entre los documentos obtenidos se encuentran depósitos de entre 10 mil a 20 mil pesos mensuales a favor del alcalde de Chicomuselo, Julio César Velázquez, “quien ahora quiere repetir como presidente municipal, ahora como ciudadano, pero en aquellos años lo fue como militante del PRD”, recordó Abarca Montejo al mostrar uno de los depósitos en la cuenta personal del exmunícipe.

Miguel Ángel Mijangos de REMA, explicó que la relación entre Blackfire y la embajada es el primer caso en el que han podido demostrar la intervención de la diplomacia canadiense a favor de sus connacionales, pese a la existencia de denuncias por violaciones a derechos humanos y contaminación de los recursos naturales.

También es la primera vez que se exhorta al Comisionado a que investigue las faltas de la embajada canadiense en relación con el cumplimiento de sus políticas relacionadas con el cuidado y respeto de los derechos humanos.

Mijangos agregó que las acciones en este caso, “forman parte de un patrón: en las comunidades que han sido afectadas por la minería prevalece la violencia, el despojo y el desplazamiento forzado”.

Incluso, destacó que 80% de las mineras son canadienses, y están presentes en al menos 900 proyectos en México, lo que agudiza los conflictos sociales en estados como Guerrero, Durango o Oaxaca, de gran presencia minera.

Otra intención de la denuncia es crear una alerta acerca del patrón de actuación de los principales promotores de la minería canadiense en México y en América Latina.

Entre los primeros efectos de la queja, los denunciantes comentaron que el Director de Comunicaciones del Ministerio de Comercio Internacional declaró al diario nacional The Globe and Mail que “si hay una investigación formal, en ese caso por el comisionado, el gobierno de Canadá va a colaborar plenamente”.

Durante la conferencia de prensa se informó que el Comisionado para la Integralidad de la Administración Pública de Canadá tiene 90 días para determinar si abre o no una investigación contra la embajada de ese país, que podría convertirse en la primera en su tipo, destacaron los denunciantes.

 

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Denuncian a embajada de Canadá en México por irregularidades que derivaron en homicidio de activista

Focos de alarma en el gobierno de Peña por debilidad de Meade en precampaña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal, que encabeza el priista Enrique Peña Nieto, mostró hoy su preocupación extrema por la debilidad mostrada por su precandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña durante el periodo de precampañas, que justamente concluyó este domingo 11.

Prácticamente todas las encuestas mantuvieron al abanderado del PRI-PVEM-Panal en un lejano tercer lugar, en todos los rubros: conocimiento público, preferencia electoral, intención efectiva de voto. Meade quedó a años luz de Andrés Manuel López Obrador (Morena-PT-PES) –pese a que éste se estancó al final– e, inclusive, fue alejándose cada vez más de Ricardo Anaya Cortés (PAN-PRD-MC), que se ubica en segundo lugar.

En consecuencia, el presidente Peña Nieto ha decidido hacer frente a tan sombrío panorama, para su partido y para su candidato, de cara a los próximos comicios del 1 de julio próximo.

Y hoy mismo puso manos a la obra. Al mediodía se reunió en privado con el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya; el vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez; con integrantes del equipo de campaña de José Antonio Meade, y con prácticamente todo el gabinete.

Oficialmente, en la agenda pública de Peña no aparecía algún evento, salvo la inauguración del Hospital General de Zona número 5 del IMSS, en Nogales, Sonora, a las 17:30 horas.

La encerrona privada fue, en realidad, para hacer el balance de la precampaña del PRI y su precandidato, aunque formalmente distintos funcionarios, a través de sus redes sociales, quisieron dar a entender que fue una reunión de evaluación, de seguimiento de todas las promesas que hizo Peña Nieto durante su campaña por la Presidencia, en 2012, y en los primeros años de su gobierno.

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, fue más que evidente en su cuenta de Twitter:

“Esta tarde en Los Pinos participé en la sesión de gabinete encabezada por el Presidente @EPN en la que se se (sic) dio puntual seguimiento al avance en el cumplimiento de los compromisos de gobierno”, escribió cerca de las 5 de la tarde.

Pero el tono y el contenido de la conferencia previa que dieron González Anaya y Eduardo Sánchez fueron sintomáticos de lo que se trataría en la reunión de gabinete: no se trató de otra cosa que hacer el elogio extremo de los presuntos logros de la actual administración, de decirle a los mexicanos y al mundo que México es el paraíso, que estamos mucho mejor que cualquier otro país, sea desarrollado o emergente. Que, gracias al PRI, México ha podido sortear, mejor que cualquiera otra nación, las más duras dificultades, internas y externas.

Fue, en realidad, un acto de campaña, de apoyo al PRI y a su aspirante presidencial, al que pretendieron ayudar con verdades a medias, mentiras piadosas y datos y cifras a modo.

Obviamente, ambos funcionarios rechazaron que la conferencia en Los Pinos tuviera un tinte electoral. Mintieron. Era sólo eso. Por eso se pusieron nerviosos ante la única pregunta que los incomodó y que no respondieron.

En efecto, un avezado corresponsal de la agencia Bloomberg News, Eric Martin, preguntó sin ambages:

“Faltan menos de cinco meses para la elección presidencial y, a pesar de todas las buenas noticias que ustedes han compartido está mañana, el candidato de su partido sigue en tercer lugar en algunas encuestas, y más que (por) la economía, la gente se muestra preocupada por la corrupción y la inseguridad, después de la revelación del desvío de recursos y aumento de violencia en varios estados. Quiero preguntar ¿qué pueden hacer ustedes como gobierno federal, y también como partido, para asegurar al electorado que el PRI y su candidato tengan las respuestas necesarias para enfrentar estos dos grandes desafíos? y ¿ustedes considerarían un triunfo de López Obrador como un peligro para México? Muchas gracias”.

Los funcionarios se sorprendieron, pues el corresponsal les había caído en la jugada. Lo vieron “con ojos de pistola”. Luego se vieron entre sí. Y respondieron por la tangente, siguiendo un guión bastante obvio:

Mudo el secretario de Hacienda, el vocero Eduardo Sánchez Hernández tomó el micrófono:

“Estimado Eric, nosotros desde el gobierno de la República no vamos a referirnos ni al proceso electoral ni a ninguno de los candidatos en particular. Esas preguntas habría que hacérselas al candidato del PRI y al PRI”.

* * * * * *

Al inicio de la conferencia, pasaditas las 11 de la mañana, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, hizo una larga introducción –gobierno maravilloso, eficaz como ningún otro– para luego darle oportunidad al secretario de Hacienda.

Hicieron bien su guión. Sánchez habló de las dificultades que ha enfrentado la economía mexicana –caída de los precios del petróleo, debilidad industrial de Estados Unidos e incertidumbre por la política monetaria en aquel país– y de cómo, por la habilidad de “los hombres del presidente”, México “cuenta hoy con una economía sólida, estable y en constante crecimiento”.

“Las reformas estructurales removieron obstáculos que limitaban el potencial económico de México”, dijo Sánchez y, zalamero, afirmó: “El gobierno de la República inició una transformación sin precedentes desde el primer día de la administración. Hoy, poco más de cinco años después, los logros de esta revolución institucional están a la vista de todos.

“Pese a todos los retos que hemos enfrentado, en diciembre de 2017, nuestro país alcanzó la histórica racha de 32 trimestres de crecimiento ininterrumpido, esto significa, además, que este es el primer sexenio en un cuarto de siglo en el que México no ha dejado de crecer ni un solo año.”

Los elogios, sin argumentos, no le alcanzaban ni le cansaban a Eduardo Sánchez. Es su trabajo. Pasó el micrófono a González Anaya, titular de la SHCP, quien lo único que hizo fue repetir y comentar una presentación gráfica que había ofrecido una semana antes ante legisladores del PRI, que es la misma –y él lo dijo así– que usa para reuniones con inversionistas, con el sector financiero y en distintos foros, dentro y fuera del país.

Hizo un repaso, obviamente sin autocrítica, de las reformas estructurales, siempre sobre sus bondades y sus fortalezas, nunca sobre sus debilidades y sus logros inexistentes.

Pero así estaba escrito el guión.

Tenía que rematar el vocero, y a su estilo. Sin un dejo de autocrítica. La “idea fuerza” es que el gobierno, es decir, el PRI, siempre hace bien las cosas. Luego entonces, el precandidato presidencial priista, José Antonio Meade, seguirá haciendo bien las cosas.

Barato el silogismo. Sánchez, solito, se retrató:

“Como han podido ustedes escuchar, la economía mexicana está preparada para enfrentar los retos internos y externos que se presentarán en los próximos meses.

“Gracias a reformas profundas, bien articuladas, y a una conducción responsable de la economía, México hoy inspira confianza en el mundo. Esa confianza se traduce en más inversiones que generan más y mejores empleos.

“De esta forma, el gobierno de la República sigue derribando barreras para que cada mexicano pueda construir su propia historia de éxito.

“Definitivamente, este es un gobierno que cumple”.

Sí, eso dijo Eduardo Sánchez.

Pero el gobierno de Peña Nieto ha roto todos los récords de desaprobación pública. El PRI es el partido más denostado y repudiado, y José Antonio Meade nomás “no prende” y tampoco lo quiere la gente.

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Focos de alarma en el gobierno de Peña por debilidad de Meade en precampaña